Foto de portada: Pexels

Por Erika Mestizo 

Recientemente conocí a un niño de un centro escolar. Le dieron una suspensión de un mes por agredir con un lápiz a uno de sus compañeros; se veía angustiado y enojado a la vez. Por mi área de trabajo, me pidieron hablar con él para abordar su problema de agresividad. Al hacerlo, y profundizar en las causas de su comportamiento, me di cuenta de que era una conducta repetitiva. No era la primera vez que lastimó a uno de sus compañeros. Entonces le pregunto: “¿Estás enojado con tus compañeros?” “Si”, respondió. “¿Por qué?”. “Porque me dicen callejero”. “¿Y eso? ¿Por qué?  ¿Qué dicen tus padres?”. “Están presos”, respondió, bajando la cabeza.   

Ciertamente, quien resultó golpeado debe ser atendido y garantizársele su derecho a la protección. Quizá, por otro lado, sea una buena medida que quien lo golpeó deba quedarse en casa un mes tanto para evitar otro incidente, así como para que reflexione sobre lo sucedido. Esto no será precisamente la solución para resolver el problema del niño en abandono, porque no habrá nadie cuidando de él, mucho menos que atienda su sentir; la escuela es en sí misma un recurso protector, pero desafortunadamente este niño no tiene a una persona a quien le exprese sus necesidades.  

La niñez es más que un estadio evolutivo, no la podemos pensar en singular, como si todas las niñeces tuvieran las mismas características y vivieran bajo las mismas condiciones. Tal como lo dicen Mascara y Fass, la infancia es una construcción social y simbólica, es decir, la referencia que tengamos de infancia depende de la posición en que nos encontremos. Por tanto, es preciso hablar de niñeces. Un tipo de niñez en nuestro contexto salvadoreño es aquella que carece del cuidado y protección de sus padres, ya sea viviendo con ellos o por su ausencia. Esta población merece ser visibilizada para la restitución de sus derechos, pero además de ello, para comprender cómo su causalidad nos lleva a un origen y un resultado común que es preciso abordar con toda la sociedad. 

No siempre es posible lograr que los padres puedan asumir su rol. Por ello, cuando en lugar de brindar cuidados y protección a sus hijos/as, atentan contra su integridad, el Estado, a través del Sistema Integral de Protección, les priva de su autoridad parental. De no identificar un familiar  idóneo que cuide del niño o niña, posiblemente pasen a una condición de adoptabilidad.  

Sin embargo, ahora solo me referiré  a la niñez en abandono. 

El fenómeno del abandono es multicausal, como lo establecen organismos internacionales sobre niñez. Por tanto, la restitución de sus derechos debe ser abordada de manera diferente al de otro tipo de niñez. Veamos unos ejemplos: 

Un niño de un colegio privado ha cometido una falta al manual de convivencia. Por este motivo es suspendido de clases por dos días. El niño se queda en su casa, probablemente cuidado por algún familiar, mientras desarrolla alguna actividad asignada por el profesor, o puede dedicarse a ver su dispositivo al no verse obligado a asistir a la escuela. Quizá los padres, molestos, se quejen con la institución y amenacen con una demanda por privar a su hijo del derecho a la educación. Al cabo de dos días, el niño regresará a la escuela sin más dificultad que ponerse al día con las actividades pendientes o la de lidiar con una baja calificación en conducta. En el peor de los casos, la institución puede sugerir un cambio de ambiente, y si los padres pueden costear una institución privada, perfectamente podrán buscar otras opciones acordes a sus valores y recursos económicos. 

En contraposición, está el caso de una adolescente de 15 años, quien no asiste a la escuela por cuidar de su hermanito menor, pues no cuenta con el acompañamiento de sus padres. La madre está muy ocupada buscando el sustento diario y pensando dónde van a vivir porque su pareja, padrastro de la adolescente, en un episodio psicótico ha incendiado la casa. Al hablar con la adolescente, narra todo un historial de abusos que hasta ese momento habían sido normalizados. 

En realidad, ¿a quién le ha sido negado el derecho a la educación? ¿A aquella persona que tiene opciones o a quien no las tiene? ¿Quién precisa del Sistema de Protección con mayor urgencia en atención?  

En el segundo caso, además de los derechos a la educación, habrá que solventar el derecho a la protección contra el abuso y el abandono. 

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, toda niña y niño tienen derecho a vivir en familia. De ahí que el Sistema de Protección vele por crear programas para el fortalecimiento familiar o la búsqueda de familias sustitutas, de tal manera que las niñas y los niños gocen del  derecho de vivir en familia.  Además, con esta condición se busca que se garantice el cumplimiento de los demás establecidos en la Convención de los Derechos del Niño.  

Las causas socioculturales vinculadas a la niñez en abandono aluden a pautas de crianza basadas en la repetición de patrones de violencia o la negligencia, así como a embarazos tempranos, es decir, familias no planificadas. En este tipo de contextos, se da el abuso sexual infantil, el cual es una de las formas más comunes del maltrato infantil. Estos escenarios están marcados por la ausencia de recursos económicos y la falta de accesos a servicios básicos; es decir, la pobreza. Todo esto impide a los padres cuidar oportunamente de sus hijos e hijas.  

Vinculada a la pobreza, y sin ánimos de criminalizarla, se encuentran las actitudes delictivas como el robo y la venta de drogas. Sin que la familia sea la que delinca está expuesta a estos escenarios.  

Durante el presente año, me he encontrado con otro fenómeno: niños y niñas que no viven con sus padres porque están privados de libertad. Como el caso mencionado al principio de este texto, hay otros como el de unos hermanitos de 10 y 6 años, quienes sus cuidadores eventuales son las religiosas de una colonia en San Salvador debido a que sus padres están presos.  

Con las causas socioculturales y económicas, coexisten otros problemas, los cuales pueden ser determinantes para la privación de los derechos parentales.  

Desde mi experiencia, puedo identificar una constante: la salud mental. Encontramos familias que pueden presentar enfermedades psiquiátricas, adicciones, ausencia de vínculos emocionales o un historial familiar de abandono.  

Sin recursos económicos, no hay educación de calidad;  sin educación formal, las posibilidades de acceder a un empleo digno disminuyen, aumenta la marginación y disminuye el acceso a servicios básicos. La marginalidad aumenta la desesperanza; la ansiedad, la frustración, el estrés; el estrés agudo conlleva a la depresión con sus consecuencias. Las adicciones pueden ser una forma de afrontar estos padecimientos.  

Bajo un panorama poco alentador, la crianza se vuelve un desafío, por no decir que lo imposibilita, al menos de manera sana. Sin salud mental, no es posible gozar de bienestar, desarrollarse y contribuir de manera productiva a la sociedad, como lo dice el concepto de salud mental de la OMS. Por tanto, es urgente atender la salud mental de toda una sociedad.  

El panorama es complejo de resolver. Ciertamente, la mejor alternativa es la prevención de los problemas y empezar por el principio. Pero, mientras tanto, las niñeces de hoy, sobre todo las que carecen de padres o una familia, necesitan ser visibilizadas. ¿Cómo alguien que vive en el anonimato puede gozar de salud mental? Este es un gran desafío para hablar de una franca niñez con derechos.